Tres años después de su promulgación, la Ley Uber chilena todavía no entra en vigor. Pero eso podría estar a punto de cambiar. El Gobierno del presidente José Antonio Kast ingresó a la Contraloría General de la República un nuevo reglamento para la Ley 21.553, la normativa que regula a las Empresas de Aplicaciones de Transporte (EAT) —Uber, DiDi, Cabify, InDrive y similares— con una serie de cambios que buscan hacer la ley aplicable sin destruir la industria en el proceso.
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¿Por qué la ley nunca entró en vigor?
La Ley 21.553 fue aprobada en 2023, pero desde entonces ha estado atascada en un ciclo de idas y vueltas entre el Ministerio de Transportes y la Contraloría. Una versión anterior del reglamento fue visada por la Contraloría en abril de 2025, pero nunca se publicó en el Diario Oficial, en medio de cuestionamientos por sus exigencias técnicas y la falta de una plataforma tecnológica funcional para su implementación.
El nuevo gobierno encontró el problema sin resolver y decidió actuar. El ministro de Transportes, Louis de Grange, fue directo al evaluar el reglamento anterior: con esas exigencias, hasta el 85% de los conductores y vehículos activos quedaban fuera del sistema. El resultado habría sido menos oferta, tiempos de espera multiplicados hasta por diez y un alza inevitable en las tarifas.
Los cambios más importantes del nuevo reglamento
1. Mayor antigüedad permitida para los vehículos Este es el cambio más relevante. El reglamento anterior exigía que los vehículos que ingresaran al sistema tuvieran máximo 1 año de antigüedad. El nuevo texto sube ese límite a 5 años para la primera inscripción (y hasta 7 años en regiones extremas). Para los vehículos que ya están operando, el límite se extiende hasta los 15 años de antigüedad, abriendo la puerta a una parte importante de la flota actual.
2. Eliminación de restricciones territoriales El reglamento anterior impedía a los conductores prestar servicios entre comunas vecinas, una limitación que habría reducido drásticamente la disponibilidad del servicio. El nuevo texto elimina esa restricción para permitir mayor flexibilidad operacional.
3. Menos burocracia para ingresar al sistema Se reduce la carga administrativa para registrarse como conductor o empresa, se facilita el reemplazo de vehículos y se aumenta la frecuencia de publicación de cupos disponibles, que pasa de cada 30 días a cada 10 días.
4. Taxis colectivos podrán llevar hasta 8 pasajeros Una de las novedades más llamativas para el transporte tradicional: el nuevo reglamento permite que los taxis colectivos aumenten su capacidad de 4 a hasta 8 pasajeros, una medida que busca modernizar este servicio y hacerlo más competitivo.
5. Reducción de datos exigidos a las plataformas Las empresas de aplicaciones deberán entregar al Ministerio solo los datos estrictamente necesarios para cumplir con la normativa, eliminando exigencias de información que el sector consideraba excesivas.
La reacción de la industria
El gremio de aplicaciones de transporte recibió los cambios con optimismo. Según Marcela Sabat, directora ejecutiva de Alianza In Chile —que agremia a las principales plataformas—, el reglamento anterior habría sido muy perjudicial no solo para las empresas, sino también para los conductores y usuarios. Con el reglamento anterior, la cantidad de conductores activos habría caído en torno al 70%, encareciendo el sistema para todos.
Aun así, la industria advierte que el debate regulatorio sigue abierto. Aspectos como el congelamiento del registro de conductores por 18 meses y la exigencia de licencia profesional clase A2 —la misma que se exige a los taxistas— continúan siendo puntos de fricción que deberán resolverse en los próximos meses.
¿Cuándo entra en vigencia?
El reglamento aún debe pasar por el proceso de toma de razón en la Contraloría. Una vez aprobado, se publicará en el Diario Oficial y comenzará a regir 30 días después. El Ministerio proyecta que el sistema podría estar operativo en los próximos meses, aunque la fecha exacta dependerá del resultado de ese proceso.
Mientras tanto, Uber, DiDi, Cabify e InDrive siguen operando en un escenario sin regulación plenamente vigente, en el limbo legal que ya lleva tres años.
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