El reciente anuncio del diputado de Libre, Reinaldo Seas, sobre la presentación de un proyecto de ley que busca regularizar los vehículos indocumentados, conocidos en Bolivia como "autos chutos", reavivó el debate político y social en torno a este tema. El proyecto propone una legalización extraordinaria para estos motorizados, generando rechazo inmediato entre los transportistas y voces divididas en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
La iniciativa no es del todo nueva. Durante la pasada campaña electoral, el presidente Rodrigo Paz también sugirió la posibilidad de legalizar estos vehículos, provocando reacciones incluso fuera del país, especialmente en Chile a finales de 2025. Esta vez, el diputado Seas aseguró que los fondos obtenidos por la regularización se distribuirían en partes iguales: un 50 % para la reconstrucción y ampliación de la Red Vial Fundamental y el restante 50 % para programas de salud y educación en los municipios.
El sector del transporte, representado por Lucio Gómez, dirigente de la Confederación de Choferes de Bolivia, rechazó contundentemente la idea. Gómez argumentó que el parque automotor ya está saturado en el país y que la llegada de más autos solo incrementaría el congestionamiento en las ciudades. "No estamos de acuerdo. No es porque no queramos, pero el parque automotor ya es demasiado grande y ya no hay espacio donde estacionar", afirmó. Además, criticó la falta de consulta previa a las instituciones de transporte.
La Cámara Automotor Boliviana (CAB) también expresó su rechazo. Su presidente, Jhonny Salvatierra, señaló que la medida equivaldría a premiar la ilegalidad y perjudicaría al sector formal, que no puede competir con los precios de vehículos ingresados de manera irregular. "Es un crimen querer legalizar algo así", manifestó rotundamente.
Dentro de la ALP, el tema causó división. Carlos Alarcón, diputado de Unidad, señaló que la ley debe analizarse, pero advirtió que "no podemos legalizar el delito ni fomentar la cultura de la ilegalidad". Por su lado, Hidelberto Márquez, del PDC, consideró que la propuesta resulta inviable en el contexto actual y que sería necesario realizar un análisis técnico sobre el impacto económico y en el transporte antes de cualquier tratamiento en comisión.
Por otro lado, Claudia Bilbao, diputada también del PDC, reconoció el posible beneficio económico para los municipios afectados por la falta de recursos, aunque pidió analizar la propuesta a detalle para definir su viabilidad.
Desde el Gobierno, el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, afirmó que no descartan discutir una eventual nacionalización de los autos "chutos". "Todo es posible, hay que sentarse en mesas y analizar si es conveniente regularizar estos vehículos", sostuvo Zamora, manteniendo abierta la discusión.
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