La Unión Europea ha intensificado sus esfuerzos para reducir las muertes en carretera, proponiendo que todos los vehículos nuevos cuenten con sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS). Estos sistemas, según estimaciones de la UE, podrían evitar hasta 25.000 muertes y más de 140.000 heridos graves de aquí a 2040. Sin embargo, el ritmo de reducción de víctimas fatales ha disminuido en los últimos años: en 2024 se registraron 19.940 víctimas, un descenso de solo 12% en comparación con 2019.
Uno de los sistemas ya implementados es el Asistente Inteligente de Velocidad (ISA), que alerta al conductor si excede el límite de velocidad mediante información de cámaras y GPS. Sin embargo, existe un nuevo proyecto en estudio en Bruselas: usar la tecnología satelital para controlar y limitar automáticamente la velocidad de los autos, incluso reduciendo la potencia del motor para ajustarse al límite máximo de la vía.
De acuerdo a medios británicos, esta idea aún está en una etapa inicial y podría implementarse hacia 2030, aunque se enfrenta a debates y cuestionamientos. Entre los principales riesgos destacan la posibilidad de ciberataques masivos que permitan el control externo de miles de vehículos, y los errores inherentes al posicionamiento satelital, donde un margen de tres o cuatro metros podría hacer que el sistema confunda el límite de la vía principal con el de una vía lateral o de servicio. Estudios de organismos especializados muestran que los sistemas ISA fallan en uno de cada cuatro casos al identificar cambios en los límites de velocidad.
Esta tecnología debería permitir que el conductor la desactive en situaciones de emergencia o peligro. Además, supondría una renuncia a millones en ingresos por multas de velocidad, que en España representan unos 540 millones de euros solo en 2024 y dos tercios de las sanciones de tráfico.
Las políticas europeas sobre movilidad no han estado exentas de polémica. Mientras países como Estados Unidos y, especialmente, China avanzan a su propio ritmo en descarbonización, Bruselas impuso la prohibición de vender autos que no sean 100% eléctricos a partir de 2035, aunque con una ligera flexibilidad que permite hasta un 10% de margen de emisiones de CO₂ que deberá ser compensado de diversas formas por los fabricantes.
La presión regulatoria ha obligado a suavizar objetivos medioambientales en 2025 para evitar multas millonarias a la industria, teniendo en cuenta que la transición no avanza al mismo ritmo en todos los países europeos. Noruega, por ejemplo, cerca del 100% de sus ventas son eléctricos, mientras que España solo alcanza el 10%, la mitad de la media europea.
La entrada masiva de autos eléctricos chinos, ofrecidos a precios bajos, tampoco encontró barreras regulatorias significativas durante los primeros años. Recién a finales de 2024 se implementaron aranceles extra, y la nueva Ley de Aceleración Industrial exigirá hasta un 70% de contenido europeo en autos producidos por constructoras chinas en la región. Además, la norma supervisará la implantación de fábricas para fomentar el valor añadido y la transferencia de tecnología local.
Desde 2019 la UE ha promulgado unas 13.000 nuevas normativas, cifra que triplica la de Estados Unidos según la patronal Acea. Solo en la industria automotriz pueden lanzarse hasta 100 regulaciones nuevas cada año, obligando a que hasta el 25% de los ingenieros de las automotrices se dediquen exclusivamente a adaptar los vehículos a los nuevos requisitos. Esta sobrecarga, señalan los fabricantes, limita la inversión en I+D, aumenta el precio de los autos y ha sacado del mercado a modelos urbanos más accesibles.
En este escenario, Bruselas enfrenta un nuevo reto: certificar el origen de los cientos de componentes de cada automóvil bajo la nueva legislación. Las marcas advierten que si la burocracia no se aligera, podría haber una nueva ola de subida de precios.
En el terreno de la seguridad vial, la UE ha aprobado también la conducción acompañada, permitiendo que jóvenes de 17 años manejen si van acompañados de un adulto con más de 25 años y cinco años de experiencia. La medida deberá implementarse antes de fin de 2028, y España ya trabaja en su introducción. Una propuesta anterior contemplaba ampliar la conducción acompañada a camiones para paliar la falta de camioneros, pero finalmente el Parlamento Europeo decidió mantener en 18 años la edad mínima para conducir vehículos pesados.
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