La principal asociación de fabricantes de automóviles en Estados Unidos solicitó al Congreso que apruebe una prohibición permanente de la venta, importación y fabricación de vehículos, hardware y software conectados de origen chino, mientras avanza el debate sobre limitar la participación china en la industria automotriz nacional.
La Alliance for Automotive Innovation pidió que la medida entre en vigor antes del 3 de enero de 2027. Esta propuesta coincide con iniciativas legislativas en el Senado que buscan vetar a empresas automotrices con más del 15% de propiedad china, aunque dichas restricciones aún no se han convertido en ley. Todo esto ocurre en un contexto marcado por nuevas tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, como aranceles, competencia industrial y exportaciones consideradas baratas.
John Bozzella, presidente y CEO de la Alliance, envió una carta a líderes del Congreso solicitando una acción legislativa antes de finalizar el 119.º periodo legislativo. Sostiene que la fabricación automotriz china está asociada a prácticas de comercio desleal, subsidios, robo de propiedad intelectual y una posible vigilancia estatal. Además, advierte que los vehículos chinos conectados, junto con su software y hardware, pueden recoger y transmitir datos sensibles de consumidores estadounidenses hacia China, lo que implica riesgos tanto industriales como de seguridad nacional.
La carta enfatiza que, aunque la amenaza todavía no se ha concretado en suelo estadounidense, urge actuar por la dimensión global del fenómeno. Por ello, la asociación insta a convertir la restricción en una política permanente antes del próximo receso legislativo.
El proyecto en discusión pone un umbral del 15% de propiedad china para definir qué fabricantes podrían verse afectados, lo que genera incertidumbre para grandes compañías internacionales como Mercedes-Benz, cuyo mayor accionista, BAIC Group, posee actualmente casi el 10% de sus derechos de voto. Así, el posible alcance de la norma dependerá de la letra final de la legislación y de cómo se calcule la propiedad vinculada a capital chino.
Una propuesta similar fue presentada en la Cámara de Representantes por los legisladores Debbie Dingell y John Moolenaar, quienes buscan proteger a la industria automotriz local en Detroit ante la creciente competencia extranjera y la preocupación por el flujo y resguardo de datos generados por vehículos conectados.
Actualmente, los autos modernos capturan grandes volúmenes de información sobre usuarios y su entorno, lo que incrementa la preocupación del sector sobre la posible transferencia de datos a entidades chinas. Sin embargo, hasta la fecha no se reportan casos comprobados de envío de información de conductores estadounidenses al gobierno chino; las advertencias se enmarcan como una valoración de riesgo.
La discusión incluye temas de seguridad nacional, protección de datos y acusaciones comerciales relacionadas con subsidios y estrategias de venta por debajo del precio de mercado. En caso de aprobarse la prohibición, compañías internacionales enfrentarían la necesidad de revisar inversiones, proveedores y estructuras accionariales para mantener operaciones en Estados Unidos.
Por otro lado, el debate subraya que bloquear fabricantes chinos podría afectar también a compañías no chinas que cuenten con inversión parcial proveniente de China, dependiendo de cómo se definan las nuevas restricciones. Asimismo, una regulación amplia podría reducir la oferta de vehículos y tecnología, modificando la cadena de suministro automotriz global y local.
La propuesta aún debe atravesar el proceso legislativo, con margen para cambios sobre el umbral de propiedad aceptable y los productos incluidos. La decisión del Congreso será clave para determinar el alcance final del veto y su impacto sobre la industria, los consumidores y las relaciones comerciales e industriales entre ambas potencias.
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