Rocío Farías acusa a su hermano Luis Pedro de concentrar el manejo del grupo tras la muerte del fundador y de provocar un perjuicio patrimonial que estima en $173 mil millones, en una acción que también apunta a deudas previsionales y a la creación de una empresa paralela del mismo rubro.
La pugna por el control del Grupo Pullman, uno de los actores históricos del transporte interurbano de pasajeros en Chile, escaló a la justicia penal. Rocío Farías presentó una querella por el delito de administración desleal contra su hermano Luis Pedro Farías, a quien responsabiliza de haber tomado el mando absoluto del conglomerado tras la muerte de su padre y de gestionar las sociedades en contra del interés de la propia empresa.
La acción judicial, ingresada en julio ante el 6° Juzgado de Garantía de Santiago y patrocinada por la abogada Rebeca Zamora, cuantifica el daño al patrimonio de las sociedades del grupo en al menos $173 mil millones.
Cronología del conflicto
Las señales de deterioro que describe la acusación
Como evidencia del daño patrimonial, la querella enumera una serie de frentes judiciales y financieros abiertos en las sociedades operativas. Entre ellos, una demanda ejecutiva de BancoEstado contra Inmobiliaria Nova SpA —en su calidad de deudora principal— por más de $4.314 millones, más intereses y costas.
A eso se suma una deuda previsional significativa asociada a trabajadores del grupo, que según el escrito ya derivó en acciones judiciales y en una investigación penal por apropiación indebida de cotizaciones previsionales. En paralelo, el sindicato interempresa del rubro demandó a sociedades del conglomerado reclamando que operan como una unidad económica y exigiendo el pago de deudas previsionales de gran magnitud.
La empresa paralela que encendió las alarmas
Arzola Group: un competidor nacido desde adentro
Uno de los puntos más sensibles de la querella es la constitución de Sociedad de Transportes Arzola Group Limitada, cuyo objeto social es prácticamente el mismo que el de las operadoras del Grupo Pullman.
En esa nueva empresa participa el gerente de operaciones de Pullman Bus, señalado en el escrito como parte del círculo cercano de Luis Pedro Farías. Para la querellante, se trata de una estructura paralela y competidora, en posición de aprovechar información operacional, oportunidades de negocio y relaciones comerciales del grupo en beneficio de terceros vinculados al acusado.
El corazón jurídico del caso
El delito de administración desleal sanciona a quien, teniendo a su cargo el patrimonio de otro —en este caso, el de las sociedades del grupo—, lo administra de forma abusiva y contraria a sus intereses. La querella sostiene que Luis Pedro Farías, en su triple condición de director, gerente general de varias sociedades y administrador de hecho del conglomerado, ejerció ese control de manera reiterada en perjuicio del patrimonio social.
Un eje central de la acusación es la parálisis de los órganos de gobierno corporativo: al no citarse las juntas ordinarias de accionistas, no se revisaron balances ni estados financieros, y las vacantes que dejó la muerte del fundador en los directorios nunca se llenaron con normalidad. Ese vacío, según la querellante, es precisamente lo que habría permitido concentrar todas las decisiones en una sola persona.
El caso queda ahora en manos de la justicia penal, que deberá determinar si los hechos descritos configuran el delito de administración desleal. Mientras tanto, el conflicto deja en evidencia la fragilidad del gobierno corporativo en grandes empresas familiares cuando falta el fundador: sin juntas, sin directorios renovados y con los hermanos enfrentados en tribunales.
Los hechos descritos corresponden a las acusaciones contenidas en la querella. El querellado no ha sido condenado y rige a su respecto la presunción de inocencia.
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