El incremento de operativos policiales y la cantidad de investigaciones ha generado un efecto colateral inesperado: un número cada vez mayor de autos decomisados permanece por meses en recintos de Carabineros y la Policía de Investigaciones, complicando la logística y el uso de recursos de estas instituciones.
Cerca de seis mil vehículos se encuentran actualmente retenidos en cuarteles policiales, lo que está provocando una acumulación que impacta directamente los espacios disponibles para estacionar vehículos oficiales y afecta el tiempo que el personal debe dedicar al resguardo de estos automóviles, restándolo de otras labores.
Según fuentes que conocen de cerca esta problemática, la mayor parte de los autos incautados se ubica en la Región del Biobío, seguida de Los Lagos, La Araucanía, Maule y la zona poniente de la Región Metropolitana. Además, Carabineros es la institución que más vehículos mantiene retenidos en sus comisarías, con elevados niveles de acumulación en comunas como Arica, Pedro Aguirre Cerda, San Fernando, Arauco, Pozo Almonte y Cañete, entre otras.
Desde Carabineros explican que los vehículos permanecen en sus dependencias por diversas razones jurídicas y en conformidad a las instrucciones de la autoridad competente. La institución afirma cumplir las diligencias y custodiar los automóviles tal como lo establece la normativa.
¿Por qué los autos terminan retenidos?
El origen del decomiso determina a quién le corresponde la custodia. Las policías pueden confiscar autos por hechos penales, cuando el vehículo está vinculado a delitos o investigaciones en curso, o por infracciones de tránsito. Si la incautación es por un delito, la responsabilidad recae en el Ministerio Público. En caso de infracciones de tránsito, la obligación corresponde a los municipios, que deberían habilitar aparcaderos municipales para estos fines.
El sistema, sin embargo, presenta deficiencias. Muchos vehículos no son recibidos por los organismos responsables y terminan quedando bajo resguardo de las policías. Este escenario genera gastos adicionales para las instituciones, ya que las retenciones por delitos no incluyen una tarifa que pueda cobrar a los involucrados, por lo que el costo debe ser asumido íntegramente por el Estado.
Falta de regulación y consecuencias operativas
La Contraloría ha abordado esta situación en distintos dictámenes, determinando que los municipios deben habilitar recintos para la retención de vehículos, ya sea directamente o mediante concesiones privadas, aunque los contratos solo obligan a las municipalidades. Así, otras instituciones, como Carabineros, no tienen obligación de usar recursos municipales exclusivos para esta función.
Ante la falta de regulación clara y el aumento constante de autos incautados, el debate se intensifica sobre cómo resolver este problema de almacenaje, con un impacto evidente en la logística y el funcionamiento diario de las policías.
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